CELS
La guerra contra el narcotráfico
La Ciudad de Buenos Aires implementó la desfederalización de la ley de drogas en enero de 2019. Durante 2018, la justicia federal de CABA había recibido 11.976 causas iniciadas por todos los delitos comprendidos por esa ley. Al año siguiente, entre enero y septiembre de 2019, el poder judicial de la Ciudad recibió 18.450 causas sólo por los delitos menores fijados por esa norma. Esto implica un aumento del 54% de la cantidad de causas.
En 2018, el 40 por ciento (4.790) de las causas ingresadas a la justicia federal fueron por consumo personal. En 2019, lo fueron el 70% (13.344). La persecución de consumidores aumentó un 278%.
En 2019, ocho de cada diez causas judiciales por la ley de drogas en CABA fueron iniciadas por la policía de la Ciudad. En su mayoría fueron casos de consumo en espacios públicos y, en menor medida, de venta al menudeo.
De todas las causas judiciales por infracción a la ley de drogas que ingresaron al poder judicial de la ciudad, el 74% fueron archivadas porque prevaleció el criterio de que es inconstitucional penar el consumo, tal como lo establece el fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Solo el 1% tiene requerimiento de elevación a juicio.
Es decir que la actividad de la Policía de la Ciudad se centró en casos irrelevantes que luego fueron desechados por el sistema judicial. Pero esta política de persecución callejera opera como una medida de control poblacional que perjudica a grupos poblacionales específicos.
Los jóvenes de sectores populares y las personas en situación de calle, las trabajadoras sexuales y las personas trans, son especialmente perseguides por estas políticas policiales.
El 70% de las causas por delitos drogas (13203 sobre un total de 18450) se concentra en los barrios del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Constitución, Villa Soldati, Barracas, Nueva Pompeya, Villa Lugano), así como en los barrios de Balvanera, Retiro, Flores y Palermo. Una porción considerable de las detenciones se produce en las inmediaciones de las estaciones de tren.
En 2019, una trabajadora sexual fue detenida por la sospecha de tenencia de estupefacientes y trasladada a un hotel en Constitución donde fue requisada de modo ilegal. Cuando el Ministerio Público de la Defensa contactó al hotel, los recepcionistas dijeron que no podían individualizar el caso porque era frecuente que la policía de la Ciudad utilizara esas instalaciones para requisar detenides, a pesar de ser una práctica irregular. Las trabajadoras sexuales denuncian extorsiones de las fuerzas policiales: sostienen que antes eran criminalizadas por contravenciones, como la oferta de sexo o la resistencia a la autoridad, y que ahora son amenazadas con el armado de causas por drogas.
Los datos de la desfederalización en la Ciudad muestran que la marihuana, la sustancia más consumida y fácil de detectar y menos nociva para la salud, es la más perseguida por la Policía de la Ciudad: en 8 de cada 10 procedimientos de secuestro de sustancias se incautaron pequeñas cantidades de marihuana; en el 70% de las incautaciones (1.284 de 1.872) realizadas por la policía la cantidad de marihuana secuestrada no superó los 5 gramos y en la mayoría de los casos se secuestraron envoltorios y cigarrillos de esa sustancia.
También es fuerte la persecución de usuaries de paco (13,7%), un consumo que suele estar relacionado con contextos de vulnerabilidad extrema. Entre agosto y noviembre de 2019 se realizaron 649 secuestros de esta sustancia, número muy superior a los secuestros de cocaína (274) y éxtasis (144) realizados en el mismo período.
Hugo nació en la Ciudad de Buenos Aires, tiene 33 años y trabaja como cartonero. Vive en la calle desde los 8 años. De chico consumía Poxiran y ahora, paco. Desde hace un tiempo para en el barrio Rivadavia en Flores, donde varias veces fue detenido por Gendarmería. En marzo de 2019, estaba sentado en la vereda cuando dos gendarmes se acercaron para una “identificación aleatoria” (sic). Le preguntaron su identidad, ocupación y domicilio. Luego, le pidieron que se pusiera de pie y notaron una bolsa de plástico que contenía 36 dosis de paco en fracciones y $360. Le labraron un acta por infracción al artículo 14 de la ley de drogas y lo detuvieron. La fiscalía pidió una prisión preventiva por tenencia simple de estupefacientes, basada en que Hugo no tenía hogar y era reincidente (había sido condenado a un año y seis meses por robo, pena que cumplió en su totalidad). La defensa oficial demostró que Hugo es consumidor y solicitó dejar en suspenso la aplicación de la pena, en pos de una medida curativa, conforme la ley. Además, la defensa identificó contradicciones en la versión de los gendarmes, quienes, en la segunda declaración ante la fiscalía, presentaron el caso como una tenencia simple, cuando en principio habían consignado una tenencia para consumo. La Cámara de Apelaciones de la Ciudad resolvió dar lugar a la detención preventiva por tenencia simple de estupefacientes que actualmente cumple en el penal del Ezeiza, junto con infractores de delitos federales.
Si este enfoque continua, la política criminal de la CABA se asemejará a la que se viene desarrollando en la provincia de Buenos Aires desde 2006.
La desfederalización fue presentada como una herramienta para que los gobiernos locales pudieran trabajar para reducir los niveles de violencia. Esta medida debía ser acompañada de un control estricto sobre las fuerzas policiales para evitar la regulación informal del mercado de las drogas. Por el contrario, la desfederalización amplificó la arbitrariedad policial y criminalizó la pobreza, al tiempo que aumentó de manera desproporcionada la cantidad de causas irrelevantes que llegan al poder judicial. El sostenimiento de estas políticas desemboca en el encarcelamiento masivo, la erosión de las tramas comunitarias en los barrios empobrecidos y el colapso del sistema de encierro.
A un año de implementación la Ciudad de Buenos Aires está a tiempo de revertir esta tendencia.