CELS
La guerra contra el narcotráfico
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La guerra contra el narcotráfico
Ni el marco legal ni las políticas contra el narcotráfico implementadas por el gobierno diferencian entre las diversas sustancias según su grado de nocividad. Por el contrario, existe una persecución policial y penal muy fuerte a la marihuana, la sustancia de mayor consumo y la más fácil de detectar. De esta persecución se nutren la gran mayoría de las detenciones de consumidores y las incautaciones que el gobierno nacional presenta como indicadores de éxito. Esta orientación contrasta con iniciativas que en distintas partes del mundo relativizan la nocividad del cannabis y promueven su regulación.
Uruguay (2013) y Canadá (2018) se propusieron regular su mercado de cannabis como forma alternativa de disminuir el narcotráfico. En el caso canadiense, no solo se despenalizó y reguló el consumo recreativo de marihuana sino también se indultó a quienes estaban sentenciados por posesión de hasta 30 gramos. Por otra parte, el Comité de Expertos en Drogodependencia de la Organización Mundial de la Salud recomendó eliminar el cannabis y el aceite de cannabis del listado de drogas establecido por la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas, para permitir el acceso y la investigación sobre posibles terapias derivadas de esta planta1.
Fotografía: SUBCOOP
En contraposición, para las agencias penales argentinas la persecución de consumidores/as y vendedores/as de esta sustancia es prioritaria. Según datos de la Procunar a nivel federal, las causas iniciadas por delitos vinculados con la tenencia, almacenamiento y transporte de plantas y semillas para producir estupefacientes, que en la Argentina se concentra en plantas y semillas de cannabis, casi se duplicaron entre 2015 y 2018 (pasaron de 530 a 975 causas). Por otra parte, la persecución de la marihuana se observa en las incautaciones de las fuerzas federales: para esta sustancia aumentaron un 39% en 2018 con relación al año anterior (132.589 kg a 184.791 kg, según fuentes oficiales).
Diego es activista cannábico desde hace más de una década. Vive en Mar de Ajó, en la Costa Atlántica bonaerense. Una denuncia anónima lo señaló como vendedor de drogas. La Fiscalía N°6 de Mar del Tuyú autorizó tareas investigativas y la policía comenzó a vigilar su casa. Los efectivos dijeron que un auto se acercó al domicilio y que eso era “un movimiento compatible con la comercialización de sustancias estupefacientes”. En abril de 2018 la Bonaerense allanó su vivienda y encontró plantas de marihuana, frascos de mermelada vacíos y una balanza. La orden de allanamiento indica que los policías buscaban a un tal “NN Rasta”, pero Diego no usa rastas. Fue imputado, estuvo preso diez días en una comisaría y cinco meses más en la Unidad de Dolores hasta que le concedieron la prisión domiciliaria con la condición de que debía cumplirla cerca de Dolores. Esto implica un gran esfuerzo económico para sus familiares. El caso de Diego muestra que el poder judicial lo trató como a un vendedor, aunque él era un cultivador.
Causas iniciadas por delitos vinculados con la tenencia, almacenamiento y transporte de plantas y semillas para producir estupefacientes. Argentina, 2015-2018.
Elaboración propia en base a datos de la Procunar
