Una guerra contra los pobres

Los datos de detenciones y encarcelamiento muestran que la “guerra contra el narcotráfico” argentina se concentra en perseguir a personas cuya detención no incide en la desarticulación del negocio ni de las redes de ilegalidades que se propagan para su desarrollo. Gran cantidad de recursos del Estado -policiales y judiciales- se malgastan persiguiendo delitos menores. Estos delitos en general son cometidos por personas pobres.

No disminuye el consumo de drogas

Al mismo tiempo, la persecución policial a los usuarios no está generando una disminución en los niveles de consumo. A pesar de los años de políticas punitivas y aumento del encarcelamiento, la encuestas de Sedronar muestran que entre 2008 y 2017 el consumo de drogas aumentó en todas las franjas etarias y para todas las sustancias.

Falta de políticas de prevención

En todo este ciclo prohibicionista, se omite el desarrollo de medidas de prevención de la violencia y mecanismos de control del desempeño policial.

Afectación de los derechos humanos

Donde sí tiene consecuencias la “guerra contra el narcotráfico” es en las vidas de miles de personas que son perseguidas por la policía e ingresadas en el sistema penal. La política de seguridad se limita a la saturación policial de algunos barrios. El aumento de la población carcelaria y de detenidos/as en comisarías provoca superpoblación y hacinamiento. En esas condiciones las cárceles argentinas registran casos de tortura, maltratos y hasta la muerte de personas detenidas. El encarcelamiento de mujeres afecta la calidad de vida de sus hijos, hijas y familiares a su cuidado, porque se trata en general de mujeres de escasos recursos económicos que son el único sostén familiar. Su encierro desprotege aún más a quienes están a su cargo.

En nombre de “la lucha contra el narcotráfico” el Estado está librando una guerra contra los pobres que no arroja evidencias de efectividad contra el mercado de las drogas. La gravedad de las consecuencias de esta guerra obliga a explorar nuevos modelos de intervención alternativos a la prohibición total de las sustancias. Con ese horizonte, resulta urgente tomar medidas en el corto plazo para disminuir las arbitrariedades y vulneraciones de derechos. Algunas de estas decisiones iniciales e impostergables para abordar los problemas de la prohibición y dar lugar al desarrollo de modelos alternativos son: despenalizar los consumos y facilitar el acceso al sistema de salud, generar respuestas diferenciadas al encarcelamiento para las personas involucradas en la venta minorista o el microtráfico que no cometen delitos violentos, implementar políticas multiagenciales en los barrios pobres que permitan construir horizontes vitales capaces de competir con la participación en mercados ilegalizados y discutir nuevos indicadores para evaluar las políticas contra los mercados de drogas.